Isabel Martín, investigadora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), presentó las claves para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada (PGRAR) en el regadío. Esta herramienta resulta fundamental para garantizar un uso seguro, sostenible y alineado con la normativa europea y nacional, en un contexto donde la reutilización del agua se perfila como solución estratégica ante la escasez hídrica.

Martín explicó que el Reglamento (UE) 2020/741, en vigor desde 2023, obliga a que todo sistema de reutilización cuente con un PGRAR, que debe elaborarse de forma conjunta por los operadores de las estaciones depuradoras, los usuarios finales y otras partes implicadas. Este plan debe abordar 11 elementos clave distribuidos en tres bloques: la descripción del sistema y los riesgos, el cumplimiento de requisitos adicionales de calidad y la implantación de medidas preventivas.

Entre los aspectos esenciales del PGRAR, la ponente detalló que se debe realizar una identificación exhaustiva de los agentes peligrosos —biológicos, químicos, físicos o radiológicos— y de los posibles sucesos que podrían generar exposición a esos riesgos. También deben evaluarse los entornos y poblaciones vulnerables, las rutas de exposición y los posibles impactos sobre la salud humana, animal y el medio ambiente.

Isabel Martín subrayó la importancia de establecer sistemas rigurosos de control y monitorización, tanto de la calidad del agua regenerada como del entorno, así como contar con protocolos eficaces para la gestión de incidentes y emergencias. Además, insistió en la necesidad de asegurar la coordinación entre todos los actores implicados en el proceso, desde las plantas de tratamiento hasta los regantes, con el fin de garantizar la seguridad en el uso agrícola del agua regenerada.

Finalmente, presentó las herramientas prácticas desarrolladas, como las fichas de gestión del riesgo en formato Excel, que permiten realizar un análisis semicuantitativo del riesgo combinando la probabilidad de exposición y la gravedad sanitaria. Gracias a estas metodologías, basadas en estándares internacionales como las normas ISO y las directrices de la OMS, se pueden identificar los riesgos inaceptables y establecer medidas preventivas o correctoras antes de otorgar las autorizaciones de uso.